LUHNOTICIAS.ES 7 de septiembre de 2021
El exvicepresidente segundo del Gobierno ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —que ya va en camino de cumplir tres años— fue uno de los temas sobre los que se debatió el pasado lunes en el primer programa de El Ágora de Hora 25, en el que participaron Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo. Durante su turno de palabra, el exvicepresidente segundo del Gobierno explicó el problema de la politización de la Justicia en España: “El problema no es el diseño, es cómo se utiliza”. Iglesias recordaba el mensaje que Ignacio Cosidó —exdirector general de la Policía Nacional y exdiputado del Partido Popular— envió a senadores populares en el que aseguraba que “gracias a Marchena” iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
“Es la Sala de lo Penal, la que está encargada en última instancia de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de corrupción. (...) Ese es el problema, no la manera en que se eligen los jueces”, explicaba. Iglesias apuntaba a que no es el vínculo de Carlos Lesmes —el actual presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial— con el gobierno de José María Aznar o con Rafael Catalá lo que deja en entredicho su idoneidad para ejercer de jurista u ocupar dichos cargos. Sin embargo, el que fuera líder de la formación morada ha recordado lo expuesto por Ignacio Escolar: “Lesmes sacó de la Audiencia Nacional a Pablo Ruz. Lesmes evitó que el juez Bermúdez pudiera investigar la caja B o que Ricardo de Prada pudiera investigar el caso Bárcenas”.
“Tendríamos un presidente del Consejo General del Poder Judicial que, en el ejercicio de su cargo, habría protegido al Partido Popular de casos de corrupción. Eso es grave. Si es verdad, afecta a la independencia de los jueces y afecta a nuestro sistema”, señalaba. Sin embargo, Iglesias cree que no habrá consecuencias ni cambios ya que la formación de Pablo Casado no tiene “ni el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución”. De esta forma, el exministro de Derechos Sociales ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir, lo que explica la insistencia del partido por mantener el bloqueo del CGPJ y evitar su renovación aunque esto vulnere la democracia.
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