Un blog que nace ante el intento por parte de algunos medios de desprestigiar el movimiento 15M ubicándolo en el marco anarcoperroflauta exclusivamente, ignorando a los miles de ciudadanos que toman las calles pidiendo libertad y justicia
domingo, 28 de noviembre de 2021
El coste oculto de una macrogranja: vertidos ilegales, moscas y malos olores
Un complejo ganadero de los dueños de El Pozo con capacidad para más de 200.000 cerdos produjo al menos cinco vertidos de purines durante 16 años, de los que sólo tres recibieron sanción. Los vecinos llevan años protestando contra la ampliación de las granjas.
"Esto se vendía como el progreso", recuerda Cati González desde
la terraza de su casa. Cati preside la asociación de vecinos de La Celia,
una aldea murciana frontera con Albacete que desde 1995 ha
visto crecer un complejo de catorce macroexplotaciones porcinas
de los dueños de la cárnica El Pozo. La presidenta lamenta la instalación
de las granjas por los malos olores y las moscas que trajeron a la aldea,
pero también por su impacto ambiental. "No se imaginaban las consecuencias
que iban a traer. Tanto los purines como lo que se evapora es contaminación,
de eso no había conciencia", recuerda.
Las sospechas de contaminación de los vecinos se han terminado confirmando. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta investigación periodística, varias de las granjas porcinas instaladas junto a la aldea de Cati vertieron purines ilegalmente en al menos cinco ocasiones a lo largo de dieciséis años. Entre 1999 y 2015 las granjas contaminaron los suelos de la zona y pusieron en peligro las aguas subterráneas.
Los impactos ambientales en los suelos y en las aguas son un ejemplo de los costes ocultos que puede conllevar la producción de carne intensiva. Frente a ellos se manifiestan ya numerosos pueblos de la España vacía, que es donde se ubican las llamadas macrogranjas, como es el caso de las explotaciones que ocupan esta investigación.
Las granjas porcinas de los vertidos ilegales están ubicadas entre las aldeas de La Celia (Jumilla, Murcia) y Cancarix (Hellín, Albacete) y tienen capacidad para 238.572 cerdos. Todas son titularidad de Cefusa, empresa ganadera que es la principal criadora de ganado de El Pozo. Ambas empresas, Cefusa y El Pozo, son filiales del Grupo Fuertes, holding murciano que cuenta con 27 sociedades dependientes y que centra el núcleo de su actividad en la industria agroalimentaria.
El Pozo es una de las empresas más destacadas del Grupo y comparte dos de sus administradores con Cefusa: los hermanos Tomás y José Fuertes. El Grupo Fuertes ha sido contactado por El Mundo sobre los vertidos ilegales de purines cometidos en sus explotaciones, pero ha rechazado aportar su versión de los hechos.
CINCO VERTIDOS ILEGALES
La zona en la que se encuentran las granjas de Cefusa está despoblada y tiene una elevada concentración ganadera: hay unos 3.500 cerdos por cada habitante censado en La Celia y Cancarix. Estos animales generan al menos 255.000 millones de litros de purín al año, lo que equivale a 68 piscinas de natación olímpica. Los purines (estiércol líquido) deben almacenarse en balsas o fosos de materiales impermeables y vaciarse antes de que rebosen para evitar vertidos al suelo. De lo contrario se filtran y contaminan las capas subterráneas, donde puede haber acuíferos. Cefusa no cumplió estas condiciones en reiteradas ocasiones.
El vertido ilegal más reciente del que se tiene constancia data de octubre de 2015, cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) acreditó que Cefusa había contaminado el suelo por un almacenamiento de purines sin impermeabilizar. En concreto, el Servicio de Medio Ambiente de la administración regional detectó varias "desviaciones" en los Núcleos 1 a 4 y la Lechonera 1: exceso de emisiones, tanto al aire como sonoras, e irregularidades en la generación de residuos. Esta última se refería a una construcción que almacenaba purines y que estaba sin impermeabilizar sobre "terreno permeable", según ha confirmado el servicio de la JCCM encargado de la vigilancia ambiental de esta zona. Un vertido que producía, según el documento de la inspección, "contaminación del suelo por compostaje de residuos orgánicos".
Cuatro años antes, en enero de 2011, trabajadores del Servicio de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha acreditaron vertidos de purines en Casa Sabas, la explotación de Cefusa más alejada de Cancarix. Según personal de la JCCM, las balsas de la explotación estaban "deficientemente impermeabilizadas", vertiendo los purines directamente al suelo bajo el cual se encuentra el acuífero El Molar.
A esto se suma que Casa Sabas ya había tenido problemas similares antes. En 2004 los guardas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) detectaron que un vertido de purines procedente de dicha explotación había llegado a ocupar 10m3 del cauce de la rambla más cercana. La Confederación tipificó como "infracción leve" este hecho por "deteriorar la calidad del agua o las condiciones del desagüe del cauce receptor".
Al margen de Casa Sabas, en abril de 2010, el Seprona de Hellín detectó en su primera inspección a las granjas de Cefusa un vertido procedente de dos balsas de purines ubicadas esta vez en el Núcleo 6. Las balsas se encontraban en una parcela poco accesible de la finca. Ventura Sánchez, agente del Seprona de Hellín, recuerda que se trataba de dos balsas conectadas. "Como si fuera una balsa de natación, de una se pasaba a la otra. La última rebosaba y vertía los purines a una parcela que estaba totalmente encharcada", explica. Según Sánchez, el vertido había sido limpiado cuando los agentes volvieron a inspeccionar la explotación.
Sin embargo, los vertidos ilegales más grandes que realizó Cefusa en estas tierras se remontan al siglo pasado, cuando se construyeron los primeros núcleos.
BALSAS DE PURINES CONTAMINANTES
Entre 1997 y 1998, Cefusa se desvió del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Hellín para las primeras explotaciones (Núcleos 1 a 4 y Lechonera 1) y construyó, según el Seprona de Elche de la Sierra, 39 balsas para almacenar y evaporar el purín que contaminaban directamente el suelo. 35 de ellas estaban sin impermeabilizar y las otras cuatro estaban separadas del terreno con plásticos deteriorados que permitían igualmente la filtración. Además, de esas 39 balsas, que abarcaban una superficie de veinte hectáreas, 36 no tenían licencia urbanística: eran construcciones ilegales. Las veinte hectáreas de balsas de purines contaminantes equivalen a la superficie de 28 campos de fútbol.
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