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El informe es fruto de una investigación hecha a distancia y en terreno por un equipo multidisciplinar de cinco personas (un experto en relaciones internacionales, dos politólogas, una comunicadora y un abogado) que han analizado el contexto migratorio en el marco de la pandemia de Covid-19 y la situación concreta que se vive en la Frontera Sur. El objetivo es trasladar las denuncias y exigir la intervención de los organismos internacionales competentes en la materia así como entregárselo al Gobierno Español, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo así como a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Un contexto de emergencia sanitaria como el actual producido por la Covid-19 no exime que se respeten los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención. No obstante, el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención.Este hecho ha generado espacios y situaciones excepcionales en los que entendemos que no sólo existen vulneraciones de los derechos de las personas migrantes sino también podría entenderse que existen indicios de delito que deben ser investigados en profundidad.
Entre las recomendaciones recogidas en el informe, se urge a miembros de organizaciones internacionales que realicen una visita a Melilla y Gran Canaria y evalúen el grado de cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Además, se exige que desde el Gobierno español se generen vías migratorias legales y seguras, y que se priorice la atención sanitaria y psicológica por delante de la actuación policial ante la llegada de personas migrantes (...)
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