Fabian Scheidler 2/03/2024
El periodista de investigación más importante de su época está siendo criminalizado y privado de libertad. Si EEUU consigue condenarlo, será más difícil y peligroso sacar a la luz la sórdida realidad de las guerras
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Julian Assange. / Luis Grañena“Los que dicen la verdad necesitan un caballo rápido”, reza un proverbio estadounidense. O necesitan una sociedad que proteja la verdad y a sus mensajeros. Pero esta protección, que deberían ofrecer nuestras democracias, está en peligro. Como periodista, Julian Assange ha publicado cientos de miles de archivos que documentan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, Irak, Guantánamo y otros lugares. La autenticidad de los documentos es incuestionable. Sin embargo, ninguno de los responsables ha sido llevado ante la justicia ni condenado. En cambio, el mensajero lleva cinco años encarcelado en una prisión de alta seguridad en Londres, con problemas de salud que ponen en riesgo su vida, tras haber pasado siete años encerrado en la embajada ecuatoriana. No ha sido acusado de ningún delito en el Reino Unido, en ningún país de la Unión Europea ni en su país de origen, Australia. El único motivo de su rigurosa privación de libertad es que el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso de extradición al acusar al periodista de espionaje, apelando a una ley que se remonta más de cien años, a la Primera Guerra Mundial: la Ley de Espionaje.
Nunca se había acusado a un periodista al amparo de esta ley. El proceso de extradición, por lo tanto, sienta un precedente peligroso. Si sale adelante, todos los periodistas del mundo que revelen crímenes de guerra de Estados Unidos habrían de temer que les depare el mismo destino que a Assange. Eso supondría el fin de la libertad de prensa tal como la conocemos. Porque se basa en poder sacar a la luz el lado oscuro del poder sin miedo a represalias. Si se acaba con esta libertad, no solo muere la libertad de los periodistas, sino la libertad de todos nosotros: la que nos libra de la arbitrariedad del poder.
Solo por este motivo, los tribunales de un sistema jurídico funcional nunca deberían aceptar el proceso de extradición. Julian Assange no hizo de espía en modo alguno, sino de periodista, y como tal, está sujeto a protección especial. Casualmente, el testigo clave en la acusación de espionaje era el conocido estafador y pedófilo convicto Sigurdur Ingi Thordarson, que admitió en 2021 haber mentido por el FBI y haber conseguido inmunidad judicial.
Imaginemos el caso con los roles invertidos: pongamos que un periodista australiano hubiera publicado crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia rusos y buscase protección en un país europeo occidental. ¿Considerarían seriamente los tribunales el procedimiento de extradición a Moscú por espionaje, máxime cuando el testigo clave es un delincuente condenado?
Assange se enfrenta a una sentencia descabellada de 175 años en Estados Unidos. Es de temer que no sobreviva a las durísimas condiciones del infame sistema penitenciario estadounidense. Por eso, el Tribunal de Magistrados de Londres detuvo en primera instancia su extradición en 2021. El Gobierno de Estados Unidos, entonces, publicó unos documentos que afirmaban que no someterían a Assange a régimen de aislamiento. Pero según Amnistía Internacional, esas declaraciones “son papel mojado”, porque la nota diplomática no vinculante reserva el derecho del Gobierno estadounidense a cambiar de postura en cualquier momento. Al Tribunal de Apelaciones, no obstante, le pareció suficiente el documento para dar vía libre a la extradición: una tergiversación de la justicia, como apunta Amnistía.
La audiencia, que se celebró el 20 y 21 de febrero en el Tribunal Superior de Londres y cuyo veredicto se espera en marzo, es la última oportunidad de Assange de recurrir la decisión de extradición. Sin embargo, existe un riesgo muy alto de que le vuelvan a dar la vuelta a las leyes otra vez. Según indica la plataforma de investigación Declassified UK, uno de los dos jueces, Jeremy Johnson, trabajó previamente para los servicios secretos británicos del MI6, estrechamente vinculados con la CIA y cuyas actividades ilegales se dieron a conocer gracias al trabajo de Julian Assange (...)
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