Álex Blasco Gamero 20/02/2024
Las movilizaciones vecinales y las advertencias de la UNESCO no han conseguido frenar la tala descontrolada. La Comunidad de Madrid ha rematado un macroproyecto, entre la opacidad y la ilegalidad, con daños medioambientales irreversibles
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Cartel informativo de la obras de Metro situado en lo que antes era el parque de Comillas. / Á.B.G.
El pasado 11 de diciembre, el gobierno de la Comunidad de Madrid, con autorización del Ayuntamiento de la capital, dio luz verde al inicio de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro. Cercado con unas vallas de aluminio rojas y blancas que no permiten ni la visibilidad ni el acceso, los operarios, motosierra en mano, y las excavadoras comenzaron la tala masiva de 199 árboles y la destrucción del parque de Comillas de Carabanchel, una zona verde de 4,5 hectáreas ubicada entre Plaza Elíptica, entrada principal de la carretera de Toledo (A-42) a la ciudad, y el río Manzanares. Este desastre medioambiental es solo uno de los capítulos de la opaca planificación de la primera fase de desarrollo de la línea 11 de Metro. Un macroproyecto valorado en más de 500 millones de euros, adjudicado a las empresas Rover, Acciona y Dragados, que implicará la creación de dos nuevas estaciones (Comillas y Madrid Río) y la conexión con otras tres ya existentes (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal) mediante un túnel de 6,9 kilómetros, en un plazo de ejecución de 42 meses. Fecha que coincide, en principio, con las próximas elecciones.
“La idea inicial de ampliación de la línea 11, y la que fue aprobada en el pleno, era un semicírculo que conectase Cuatro Vientos [barrio del oeste de Madrid] con las dos principales estaciones ferroviarias de Madrid, Atocha y Chamartín. Sin embargo, esto cambió mucho hasta lo que es hoy”, explica Antonio Giraldo, urbanista y concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE. “El proyecto ha evolucionado a un recorrido aún más amplio que conecta Cuatro Vientos con una zona todavía más al norte del municipio. Y con conexiones con dos proyectos particularmente relacionados con el PP, Valdebebas, con el hospital Isabel Zendal, y la Ciudad de la Justicia, y el aeropuerto de Barajas. Olvidando por completo la estación de Chamartín”.
Pese a que el desarrollo de transporte público en esta zona de la ciudad plantea una mejora evidente en la movilidad de los vecinos de Carabanchel, Usera y Arganzuela al centro y norte, diversos expertos señalan que los daños urbanísticos, relacionados principalmente con las zonas verdes, son dramáticos y podrían haberse evitado. Una situación todavía más dolorosa si tenemos en cuenta que la idea de la Comunidad de Madrid, cuando anunció estas obras en 2019, era situar las estaciones en las calzadas, y no arrasar zonas verdes.
En el proyecto inicial, el punto de montaje y entrada de la tuneladora se situaba en las cercanías de la estación de Conde de Casal. El nuevo trazado de las estaciones de Madrid Río y Comillas no pasó por el periodo de información pública y se añadió poco antes de redactar la licitación de obras. Bajo la justificación de la creación de la estación de Comillas, no incluida de origen, la Comunidad decidió situar como punto de entrada de la tuneladora el parque del barrio de Carabanchel, incumpliendo con ello la necesidad de realizar un informe previo de daños medioambientales y olvidando posibles perjuicios para los vecinos.
Entre ellos se ignoró el impacto en los más de 500 alumnos, alguno de ellos con necesidades especiales relacionadas con trastornos del espectro auditivo o autismo, del colegio público Perú, situado a escasos metros de las vallas de las obras. “El parque está arrasado. Aún quedan árboles, protegidos únicamente con tablones, porque los vecinos han luchado por ellos, pero la gran mayoría han sido talados para facilitar la obra sin buscar una alternativa que lo evitara”, comenta Fernando Gómez, ingeniero técnico forestal y miembro de la plataforma ‘Salvemos nuestros parques’. En el proyecto inicial, la Comunidad estimó una tala de 1.027 árboles; tras las fuertes protestas vecinales, la Consejería de Transportes e Infraestructuras modificó la planificación de las obras para que se redujera a 880 árboles. Además, después de varios meses de obras, la Comunidad anunció que instalará pantallas acústicas en una fecha aún sin determinar.
“Esta es una tala ilegal”, remarca Gómez. “La misma Comunidad está incumpliendo su normativa de urbanismo al localizar las estaciones en parques y de protección del arbolado público al recurrir a la tala como principal herramienta. Esta ilegalidad la confirmó el mismo Ayuntamiento”. El Ejecutivo de Ayuso ‘solucionó’ el primer problema aprobando, después del inicio de las obras, un plan especial amparado en el articulado de la ley del suelo por la cual se legitimaba la obra por ser “un bien de interés general”. En el caso del arbolado, la Comunidad se escuda en la ley de protección y fomento del arbolado urbano. Esta normativa declara la tala como prohibida; sin embargo, deja algunos resquicios. En el caso de que la arboleda se vea afectada, se deberá proceder a su trasplante. Nunca al talado. Y si no hay alternativa viable, la empresa responsable deberá ceder un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado para ser plantado en el futuro (...)
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