En marzo de 2020, los whatsapp de ciudadanos, responsables políticos o funcionarios reproducían peticiones desesperadas de búsqueda de mascarillas para trabajadores de la sanidad, transportistas de trenes, periodistas que cubrían la pandemia o trabajadores de supermercados. Algunos bazares hacían donaciones solidarias de tapabocas llegados de Asia y el mundo era un mercado persa donde los que tuvieran contacto con China tenían la llave de la salvación para centenares de personas y también la llave de los contratos. Contratos que fueron legales según el Tribunal de Cuentas –el ministro Óscar Puente ha anunciado una auditoría que ya en parte se ha hecho en el sistema público– aunque tuvieron menos pestillos de seguridad: no se exigió que hubiera varias ofertas ni se publicaron, de manera que se podía invitar directamente a una sociedad a prestar el servicio. Pasó igual con los test covid y los respiradores, aunque en este último caso se consiguió desarrollar en tiempo récord la tecnología para fabricarlos aquí.