David Roca Basadre 10/12/2023
El régimen de Dina Boluarte sufre un golpe inesperado tras la suspensión de la fiscal de la nación, una de sus principales valedoras. En paralelo, el Constitucional libera a Fujimori tras validar un indulto irregular de hace siete años
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El 7 de diciembre de 2022, un acosado presidente Pedro Castillo hizo un gesto que hasta ahora resulta incomprensible para muchos. Lanzó un discurso a la nación en el que disolvía el Congreso, ordenaba la detención de algunas autoridades, y convocaba elecciones sin –aparentemente– tener el menor respaldo ni civil ni militar que le permitiera hacer efectivo su propósito.
Todo parece indicar que fue vilmente engañado, incluso con encuestas falsas, adhesiones militares mentirosas, todo planificado desde hacía tiempo para llevarlo a esa situación. Cuando se dio cuenta del engaño y se dirigió a la embajada de México a buscar asilo, fue hecho prisionero irregularmente por su propia escolta y siendo todavía mandatario. El Congreso de la República votaría su destitución, sin juicio previo, una hora después de que fuera detenido.
Era un plan claramente concebido con antelación, tanta que su sucesora Dina Boluarte, con lumínico traje sastre amarillo y cuidadoso peinado, no tardó mucho en juramentar el cargo. Pero no para llamar a nuevas elecciones, como esperaba el 80% de la población, sino para quedarse hasta 2026.
Fue entonces que ardió Troya. Comenzaron las protestas masivas de las que el mundo entero fue testigo, y que a partir del día 12 de diciembre empezaron a ser reprimidas sin reparos, a balazos, al principio en Andahuaylas, provincia de la sierra sur del Perú y que, coincidentemente, es la tierra de origen de Dina Boluarte. Primer balance: siete muertos y centenares de heridos. Sucesivamente, mientras crecía el movimiento de protesta que pedía elecciones generales anticipadas, la represión armada también se incrementó. Tras dos meses de movilizaciones, en enero de 2023, sumaban cerca de 70 muertos, de los cuales se ha probado el asesinato por bala o perdigones disparados de cerca de 49 personas, más uno al que le destrozaron la cabeza con una bomba lacrimógena, y otro víctima de torturas.
El régimen mostraba así, escudándose en un discurso que acusaba de vándalos y hasta de terroristas a todo un pueblo movilizado, y de caviares a los defensores públicos de la democracia, que no tenía reparos en recurrir a cualquier medio con tal de mantenerse en el poder. Amparado, además, por una gran prensa servil, y las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales. Así se instaló la dictadura.
Se mueve el avispero
Estos días hay un acontecimiento que no es menor, veremos por qué. Tras un año del Gobierno de Boluarte, la noticia principal es la sustitución provisional –mientras se la investiga– de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por la Junta Nacional de Justicia. Sobre Benavides pesa la grave acusación de haber archivado acusaciones criminales de 35 congresistas a cambio de sus votos para sacarse de encima a otra fiscal suprema que la obstaculizaba en sus proyectos, entre ellos la elección de un favorito como nuevo defensor del pueblo o la destitución de toda la Junta Nacional de Justicia, el ente encargado del nombramiento y sanción de jueces y fiscales.
El golpe es duro, además de para Benavides, para una alianza que se fortaleció desde el Congreso de la República y que es el verdadero núcleo de poder, del que la fiscal es un alfil importante. Una alianza ante la cual se inclina la misma Dina Boluarte.
Cómo dar un golpe de Estado sin tanques en la calle
Sumados los partidos de la extrema derecha en el congreso, entre fujimoristas y grupos ideologizados reaccionarios, llegan a un tercio de representantes. Estos son los amigos de la “iberosfera” que promueve Vox desde España. Pero hay otro tercio de partidos que solo representan intereses particulares, un fenómeno peruano surgido gracias a medidas ultraliberales de tiempos del fujimorismo, como son las universidades privadas sin control y exentas de pagar impuestos, que ofrecen estudios de bajísimo nivel por pensiones exiguas y se llenan de estudiantes de bajo nivel socioeconómico, ilusionados con la idea de ser profesionales.
El tercer grupo de la alianza de poder en el Congreso es difícil de entender fuera del Perú: está conformado por la bancada de Perú Libre, el partido autodefinido de izquierdas que llevó a Pedro Castillo como candidato, y al que se suma la llamada “bancada magisterial”, que son los congresistas, casi todos docentes, que el mismo Pedro Castillo introdujo en la lista de candidatos de Perú Libre (...)
Pedro Castillo, a su vez, fue militante durante doce años de un partido de derechas, llamado Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo. Se hizo conocido como dirigente sindical de un gremio de maestros, del que provienen los congresistas que impuso en la alianza que hizo con Cerrón para lanzar su candidatura.
Ambas agrupaciones, además, coinciden con la ultraderecha en sus convicciones conservadoras sobre asuntos como el derecho a aborto o el rechazo a medidas de protección de poblaciones como las minorías sexuales.
Fuera de aquella alianza en el poder, y en total minoría, quedan pocos congresistas electos por partidos de la izquierda tradicional, y algún partido centrista (...)
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