jueves, 14 de diciembre de 2023

Otro juez se suma a la nómina de magistrados condenados por corromperse con la toga puesta, de Esther Ballesteros

 Esther Ballesteros

Mallorca —
“Perdieron la necesaria objetividad que ha de presidir una imparcial investigación penal” e hicieron “prevalecer su voluntad sobre la de la ley”, haciendo recaer “injustamente” sobre aquellos a quienes investigaban “el peso de un proceso criminal”. Son solo algunas de las amonestaciones vertidas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) contra el exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes la semana pasada fueron condenados a nueve años y un día de cárcel cada uno por las irregularidades que cometieron mientras instruían una de las piezas separadas del conocido como caso Cursach. Con esta sentencia a sus espaldas, Penalva se suma a la cohorte de magistrados que a lo largo de las últimas décadas han sido castigados por corromperse con la toga puesta.


Desviarse de la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes, entre otros principios, puede salirle caro a un juez, expuesto a sanciones que pueden ir desde simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones de hasta tres años e incluso a la separación definitiva. Con todo, en más de cuatro décadas han sido únicamente seis los magistrados castigados con la máxima sanción disciplinaria —la expulsión— y en tres de los casos fueron revocadas por el Tribunal Supremo. 

lva, quien en 2015 tomó las riendas del caso Cursach para indagar una supuesta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios, acabaría recusado y apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad en marzo de 2018, cuando las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción de la causa comenzaron a sobrevolar las pesquisas. En julio de 2021, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordaba jubilarlo por “incapacidad permanente para el servicio” en el grado de absoluta. Las graves irregularidades cometidas acabaron conduciéndolo este año al banquillo de los acusados bajo una petición de condena, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de hasta 118 años de prisión, la máxima pena solicitada para un juez en España.

Y es que cuando el veterano juez llevaba cerca de dos años buscando apuntalar sus acusaciones en torno a un entramado político-judicial dirigido a salvaguardar los intereses del magnate Bartolomé Cursach —quien finalmente resultaría absuelto de esa supuesta trama— y decenas de investigados llevaban meses encarcelados con acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas del todopoderoso empresario, los cimientos que sostenían el caso comenzaron a tambalearse. Acababan de trascender las supuestas presiones a las que había sido sometida la hasta entonces principal testigo de la causa, quien aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach.

Los mensajes a la 'madame' del caso Cursach

Afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -en la actualidad acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva y Subirán.

A todo ello se sumó el hallazgo de un grupo de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en paralelo a sus pesquisas (...)




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