Javier Ramajo 27 de noviembre de 2023
El tribunal dice que “un sistema que no investiga adecuadamente las denuncias de abusos a cargo de funcionarios estatales es un sistema que facilita la consolidación de la cultura del abuso”
Hemeroteca — Un joven de Sevilla denuncia la agresión de un policía: “No me pegues más, que no te estoy haciendo nada”
Un juzgado de Instrucción de Sevilla había archivado en junio el procedimiento contra dos policías nacionales acusados de haber participado en la agresión a un joven en la puerta de una discoteca, pero la Audiencia Provincial ha revocado aquella decisión. Y lo ha hecho de una manera contundente, señalando que “un sistema que no investiga adecuadamente las denuncias de abuso a cargo de funcionarios estatales es un sistema que facilita la consolidación de la cultura del abuso”.
Estamos hablando del caso de un joven de 25 años de Sevilla que fue zarandeado y agredido por un agente de la Policía Nacional en febrero de 2022. Cabe recordar que durante los hechos, de los que entonces se hizo eco este periódico, el joven fue golpeado por un policía detrás de un coche patrulla. Varios jóvenes fueron testigos y alguno de ellos grabó la escena. Según su relato, estaba tratando de que los agentes llamaran con urgencia a una ambulancia para que se llevaran a otro joven que salía de la fiesta y que se encontraba en estado de semiinconsciencia. El joven estaba espetando la falta de colaboración de los policías ante el estado del chico. “Todo fue rapidísimo, vino hacia mí, me dio un porrazo en la muñeca izquierda y dos puñetazos”, indicó en su momento a elDiario.es Andalucía.
El auto de la Audiencia de Sevilla estima el recurso de apelación de la representación legal del joven y manda continuar el procedimiento contra los dos policías nacionales porque entiende que, de ser ciertos los hechos que se denunciaron en su momento, se podría estar hablando de delitos contra la integridad moral en concurso con delito leve de lesiones, falsedad documental en concurso con un delito de denuncia falsa, falso testimonio y detención ilegal que sumarían, según una media, más de 12 años de prisión, aparte de la inhabilitación para ejercer cargo público por diez años.
(...) En ese sentido, dice ahora la Audiencia que “es indudable que, tal y como sucede con el resto de delitos, la completa erradicación de las torturas y de los malos tratos constituye sólo un horizonte o ideal al que tender, nunca plenamente alcanzable. Pero tampoco cabe duda de que la existencia de investigaciones efectivas, y la prosecución de la causa y envío para enjuiciamiento cuando hay sospecha de la comisión de hechos ilícitos, no solo constituye una elemental exigencia de justicia sino, además, un mecanismo indispensable para disuadir de su comisión y para reducir drásticamente la posibilidad de su concurrencia”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario