A nadie se le ocurriría pensar que al gobierno uruguayo ya se le hizo la noche, tan nuevo, tan bien blindado por los medios, tan bien tratado por las encuestadoras. Sin embargo, en ese pequeño vecino usuario de una saludable democracia, en sólo quince meses de vida la situación se le complicó al presidente Luis Lacalle Pou. Y eso por culpa de un terremoto popular generado por una campaña de recolección de firmas refrendarias –una “hazaña democrática”, dijeron sus impulsores– que rompió con todos los esquemas. Y por culpa de una sucesión de tarascones y zancadillas que dejaron a la vista que no todo lo que reluce es oro en la repisa de los cinco partidos que en 2019 se metieron bajo un mismo techo para acabar con los 15 años de gobierno progresista del Frente Amplio.

Hace un año, el 8 de julio de 2020, Lacalle y los cinco capataces de la alianza neoliberal que meses antes había derrotado al FA, lograron que la peonada votara la llamada Ley de Urgente Consideración, la LUC, una especie de acta de refundación del Estado oriental compendiada en 476 artículos en los que se borró y empezó de nuevo en materia de relaciones laborales –derecho de huelga incluido–, represión, proceso penal, gobierno de la enseñanza, tarifas, empresas públicas, alquileres, gasto público y tantos etcéteras como haya en la imaginación. El proyecto entró con 502 artículos, pero en los siete días que los diputados y senadores tardaron en pasarle el plumero perdió 26 numerales muy groseramente antidemocráticos, como el que buscaba regular la vida de los medios.

Le ley electoral uruguaya establece que para habilitar un referéndum se debe juntar las firmas del 25% del padrón nacional dentro del año siguiente a la sanción de la norma que pretenden anular. En este caso, 135 de los 476 artículos. En números redondos, 675 mil rúbricas. El 8 de julio, al expirar el plazo, los promotores de la consulta –la central sindical PIT-CNT, el FA y una veintena de organizaciones sociales– entregaron a la autoridad electoral casi 800 mil papeletas en las que constaba nombre, número de documento de votación, dirección y tres impresiones dactilares de cada uno de los auspiciantes del referéndum. A eso se sumaron unas 25 mil firmas más de quienes, en una oposición maximalista, pretendían anular toda la LUC. En total, más de 822 mil firmas (...)