Alberto Pozas 9 de octubre de 2022
El archivo de la investigación en torno a la actividad de la mafia rusa en Alicante es el último en una lista de causas judiciales archivadas por los límites en los plazos de instrucción inaugurados por la reforma impulsada por el Partido Popular en 2015
— Las claves del error judicial que ha tumbado la causa contra la mafia rusa ligada a cargos del PP
En su segunda y última legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una de las reformas más efímeras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la modificación del artículo 324 y la limitación de los plazos que tiene un juez para investigar una causa. Cinco años después, el ejecutivo de Pedro Sánchez modificó la norma, dando la posibilidad de ampliar el plazo sin limitación. La combinación de esos plazos cerrados iniciales con la obligación posterior de ampliarlos cada medio año se ha traducido en el cierre en falso de causas judiciales, algunas relacionadas con la corrupción política: la mafia rusa y sus conexiones con el Partido Popular, el caso Isofotón de Andalucía o causas de corrupción que afectaban al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.
La 'operación Testudo' de Alicante
El último caso fue destapado por elDiario.es en la Comunitat Valenciana. La Audiencia Provincial de Alicante obligó al juzgado de Benidorm a archivar la macrocausa abierta en torno a la mafia rusa y su presencia en la provincia con conexiones, además, con el Partido Popular. En septiembre de 2021 la magistrada había llamado a declarar a varios imputados pero el tribunal supervisor dio la puntilla al caso: esa providencia había sido “acordada fuera de los plazos perentorios de la instrucción”.
La causa, en la que durante años la jueza, la Fiscalía y el grupo antiblanqueo de la Policía Nacional investigó el flujo de dinero que llegaba a España procedente, sobre todo, de Rusia, queda por ahora en nada por los incumplimientos de estos plazos para prorrogar una investigación compleja. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra el carpetazo dado al asunto confiando en una interpretación más benevolente de la doctrina del Tribunal Supremo y las directrices del propio Ministerio Público.
Se trata de una causa que, tal y como ha desgranado desde su arranque elDiario.es, tuvo en su nómina de imputados a varios políticos del PP como el concejal de Seguridad Ciudadana en Benidorm, Lorenzo Martínez, o el expresidente del PP en Altea, Jaime Sellés, cuyas causas ya habían sido sobreseídas en febrero. Otros de los considerados líderes, el empresario y abogado Alexey Shirokov, también era entonces militante de la formación que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.
Los distintos autos de la magistrada instructora previos al archivo describían la entrada y salida masiva de dinero entre España y Rusia “sin llamar la atención de las autoridades” para invertirlo en distintos sectores como el ocio o la hostelería de Benidorm y Altea. Una organización con “forma piramidal”, según la instructora, con un primer nivel formado por empresarios rusos que usaban una “fachada de hombres de negocios” y un nivel más bajo formado por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a cambio de dinero u otras dádivas colaboraban con ellos. Policías y guardias civiles, según las pesquisas ahora archivadas, fueron comprados para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas.
El 'caso Isofotón' de Andalucía
Poco después de las informaciones de este periódico sobre el destino de la 'operación Testudo' llegaba un nuevo caso en las páginas de El Mundo. El juzgado de Sevilla que investigaba el conocido como 'caso Isofotón' lo archivó al darse cuenta de que la anterior jueza instructora del caso había ampliado el periodo de investigación pero cuatro meses fuera de plazo. La Fiscalía Anticorrupción, como en el caso de la operación Testudo de Alicante, ha presentado diversos recursos buscando revertir esta situación.
Este 'caso Isofotón' investigaba los 80 millones de euros que la Junta de Andalucía inyectó entre 2005 y 2012 en la fotovoltaica malagueña que da nombre a la causa, de manera supuestamente irregular. La empresa cerró después de recibir a lo largo de los años todos estos millones de dinero público y la causa ha cerrado con 40 imputados en la lista, la mayor parte de ellos ligados a la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE y, entre ellos, varios exconsejeros.
Este caso adquirió dimensión nacional después de que Anticorrupción pusiera el foco sobre un acta de la Comisión de Asuntos Económicos andaluza de 2012 relativa a la concesión de las ayudas investigadas. Un encuentro en el que participaron los actuales ministros María Jesús montero y Luis Planas, que rechazan las acusaciones de la oposición basadas en este caso ahora archivado (...)
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