Consciente de que el gran obstáculo que debe afrontar la ley de amnistía para ser aplicada es el concepto jurídico del terrorismo, el juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, acelera en la construcción de su acusación por ese grave delito a Carles Puigdemont y otros acusados. Desde un muerto por infarto durante unas protestas contra la sentencia del procés hasta su última averiguación, cuatro años después, de un supuesto plan que nunca se ejecutó para protestar por la presencia del rey en Catalunya, el juez intenta encajar los hechos en una jurisprudencia surgida y crecida para combatir la lacra del terrorismo de ETA, al tiempo que se apoya en la reforma del Código Penal pactada por PSOE y PP en 2015 para hacer frente al yihadismo y de la que los expertos ya advirtieron que abriría la puerta a criminalizar la protesta.