Diego Casado 28 de octubre de 2023
Las escasas inspecciones efectuadas por el consistorio, unidas a un sistema de recursos que puede alargar la burocracia para el cierre durante meses o años, hace de la capital un terreno abonado para saltarse la legislación que aprobó Carmena y que Almeida ahora quiere cambiar
— Almeida anuncia otra ley para regular los miles de pisos turísticos ilegales de Madrid
Cartel denunciando un piso turístico cerca de la calle Mayor de MadridLos 24.000 pisos turísticos ilegales de Madrid, el calvario ...
En Madrid operan decenas de miles de pisos turísticos. Solo hay que entrar en páginas como Airbnb o Booking para comprobar que la oferta es abundante. Como se trata de una actividad mayoritariamente ilegal -apenas el 5% cuentan con licencia municipal- saber su número exacto es complicado. El último recuento de la plataforma Inside Airbnb, efectuado en septiembre, detectó hasta 24.828 anuncios solo en esta web de reservas, la principal del sector.
Son muchos, pero menos que los que habrá dentro de unos meses en la capital si continúa la actual tendencia de aperturas después del parón turístico por la pandemia. La actividad es tan rentable que se ha ido expandiendo fuera del distrito Centro, el primero que colonizó, y ha tomado zonas residenciales de Chamberí, Salamanca, Tetuán o Arganzuela. De paso, está provocando una presión al alza de la vivienda tradicional en estos lugares, cuya oferta disminuye al dedicarse parte de esta al alquiler para turistas.
El 95% de los pisos turísticos abiertos en Madrid son ilegales según datos municipales de 2019, el año desde el que está en vigor un Plan de Hospedaje aprobado por el equipo de Manuela Carmena que impide dar licencia a los apartamentos que se oferten dentro de viviendas sin acceso directo desde la calle, independiente del portal de vecinos. La norma fue recurrida p or el sector, pero los tribunales acabaron dando la razón al Ayuntamiento en 2021.
Su ilegalidad no impide que se anuncien y se alquilen en internet durante muchos meses e incluso años. Solo hace falta voluntad por parte del infractor y extender en el tiempo una maraña de recursos en la administración municipal. Si además la que incumple es una gran empresa que gestiona decenas o cientos de apartamentos de particulares sin licencia, a cambio de comisiones a partir del 18%, la cosa se complica.
Plazo exprés para precintar un piso turístico ilegal: 18 meses
Con la ordenanza de licencias aprobada en 2022 en la mano, para que el Ayuntamiento de Madrid clausure un piso turístico tiene primero tiene que comprobar que esta actividad se ejerce sin licencia. En todo el año 2022 se encontraron 286 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en 130 edificios residenciales, según la memoria de la Agencia de Actividades. La cifra supone poco más del 1% de los anuncios disponibles en internet. De ellas se denunciaron a 256 ordenando su cese de actividad, es decir, que dejaran de alquilarse a turistas anunciándose en distintas plataformas. El plazo para llegar a este punto es de tres meses desde el inicio del expediente.
A partir de aquí empiezan las trampas burocráticas de los propietarios para ignorar al Ayuntamiento y alargar todo lo posible el negocio. Los inspectores deben volver al piso infractor para ver si sigue alquilándose a turistas y ahí iniciar otro procedimiento para imponer una multa. Otros tres meses de plazo que acabarán con una sanción de 1.000 euros, en el más severo de los casos (otra opción, por ejemplo, es que se otorgue un plazo para cumplir el cese, lo que alargaría el proceso). Si después de la primera multa la VUT sigue incumpliendo, se ha de comprobar en una nueva inspección e iniciar el procedimiento para otra segunda multa, esta vez de 2.000 euros. Y en el caso de que la situación persista, llegaría una tercera multa de 3.000 euros (...)
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