"Desde el año 2000 y hasta 2010, el Estado
(ruso) usó a los nazis para luchar contra los antifascistas. Para
asesinarlos, literalmente", explica su autora.
El antifascismo no es bienvenido en Rusia. Por supuesto no hablamos de la propaganda gubernamental, en la que la palabra «antifascista» se usa con frecuencia y de manera interesada como reivindicación nacionalista y patriótica, en referencia al período de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 2000 y hasta 2010, el Estado usó a los nazis para luchar contra los antifascistas. Para asesinarlos, literalmente. La policía tenía conocimiento de la preparación de varios asesinatos de antifascistas por parte de grupos neonazis, pero simplemente dejó que sucedieran. Más tarde, investigaciones independientes demostraron la conexión entre conocidos neonazis y funcionarios del Estado, también en la policía.
En los últimos dos años y medio el caso Network ha sido el principal y más severo en la persecución del activismo antifascista en Rusia. Entre septiembre de 2017 y hasta enero de 2018, varias personas fueron detenidas por la policía en Penza y San Petersburgo. Al principio, se quería arrestar y acusar a otros activistas de Moscú o incluso de Bielorrusia; el Estado quería internacionalizar el caso, pero no le funcionó. Este año, esas 10 personas fueron condenadas a entre tres años y medio y 19 años de prisión por pertenencia y participación a una organización terrorista.
Esta semana se ha conocido la condena a otros dos antifascistas: uno a siete años de prisión y el otro a cinco años y medio. En el caso de la sentencia más corta es porque ha habido un reconocimiento de culpabilidad. Los participantes de la Network, algo que en realidad nunca existió, según denuncian los activistas, no han sido condenados por una acción concreta, sino por habérseles encontrado conversaciones en las que criticaba a las autoridades y en las que hablaban sobre sus ideas, mostrando así sus posiciones antigubernamentales. Además, las principales acusaciones sobre supuesto planes para atacar el Mundial de futbol de 2018 fueron obtenidas por confesión mediante la tortura de los activistas, tal y como han denunciado varios medios de comunicación rusos.
Descargas eléctricas, palizas, presión psicológica y amenazas a los acusados e incluso a los testigos. Esos fueron los métodos de la policía. Los servicios secretos, según denuncian los condenados, incluso se llevaron a algunos de ellos al bosque para golpearlos allí. Ni ellos mismos sabían qué querían escuchar sus torturadores. Se tuvieron, además, que aprender todas las acusaciones para poder repetirlo durante la investigación. Algunos de los torturados denunciaron el maltrato, pero de poco sirvieron las pruebas presentadas, consistentes en exámenes realizados por expertos independientes como la Comisión de Monitoreo Público, que verifica las condiciones de los detenidos en los puestos de detención. Ninguno de los torturadores fue declarado culpable. Incluso algunos activistas fueron torturados de nuevo después de haber denunciado. Varias personas se vieron obligadas a huir de Rusia y solicitaron asilo político a otros países para escapar de todo aquello (...)
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