CTXT.ES Joaquín Urías 9/07/2021
Los fantasmas siguen recorriendo Europa. En todo el continente se oye hablar estos días con preocupación de la independencia judicial. En algunos de los países del antiguo bloque comunista está especialmente amenazada por las injerencias partidistas en los sistemas de nombramiento y promoción de los jueces. También en España nuestra judicatura protesta ruidosamente por el atentado contra su independencia que, dicen, supone la elección parlamentaria del Consejo Superior, que regula su régimen laboral y nombra a los jueces más altos del escalafón. Sin embargo, hay elementos suficientes para pensar que aquí no tenemos un problema de independencia, sino de imparcialidad.
La democracia se sustenta en que la mayoría política que consigue mayor legitimación popular puede imponer mediante leyes y normas su visión ideológica de la sociedad, siempre respetando los derechos de la minoría y el marco fijado por la Constitución. La función del poder judicial es garantizar que quien tiene el poder de dictar normas legítimas pueda efectivamente cambiar la sociedad, haciendo que se respeten y apliquen las leyes aprobadas por el parlamento. Los jueces en el Estado democrático de derecho actúan como los árbitros en un partido de fútbol: no forman parte de ningún equipo y se limitan a asegurar, con la máxima objetividad posible, que se aplica el reglamento. Como los árbitros, pueden equivocarse en la apreciación de la realidad, pero lo que no pueden en ningún caso es perder su neutralidad.
+ ELDIARIO.ES Andrés Gil Corresponsal en Bruselas 20 julio 2021
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