Sant Córd Manu IsiColectivo (ExS) ✊ Información alternativa
Gobierno colecciona en los últimos días algunas satisfacciones a costa de una oposición entre ridícula e intolerante. La campaña contra los indultos es un ejemplo. También el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que España recibirá la primera entrega de los 70.000 millones de euros de ayuda post pandemia, tras valorar el plan de inversión como muy bueno. Por no citar las nuevas revelaciones, al menos una por día, del caso Kitchen y de la Gürtel, que sonrojan a todos menos a Pablo Casado.
Pero estos traspiés del PP no deben hacer olvidar a Pedro Sánchez y sus ministras y ministros que lo que la gente espera no es eso, o al menos no es solo eso. El lunes 14 de junio un hombre de 58 años se suicidó, arrojándose desde el balcón de su casa en Barcelona cuando iba a ser desahuciado. Estaba en paro, carecía de ayuda alguna y el juez ordenó echarlo de su vivienda desoyendo el informe de los servicios sociales del ayuntamiento, que constataban su situación de vulnerabilidad. El 19 de junio, otro ciudadano de 48 años se ahorcó tras haber sido desahuciado de su vivienda en Fuerteventura.
También en estos días se ha producido un fenómeno social nuevo e inesperado: la carrera por poner la lavadora, usar el horno y planchar de madrugada para sortear en lo posible el encarecimiento de la electricidad. En mayo, la luz costaba un 36 por ciento más que hace un año; y en junio se sabe ya que la subida será mayor.
La vivienda y la electricidad son derechos básicos y servicios públicos de los que nadie puede prescindir para vivir dignamente. Pero su acceso universal sigue incumpliéndose, sin que el Gobierno de coalición se decida a actuar con la contundencia y el coraje necesarios. Más bien parece que busca una solución que no moleste a los grandes beneficiados de tales injusticias, es decir las compañías eléctricas y los fondos, bancos, empresas y ciudadanos propietarios de las viviendas en alquiler.
Las afrentas al derecho a una vivienda digna –consideradas un agravante en el Código Penal– son especialmente graves, porque las actuaciones a las que se comprometió el Gobierno siguen sin salir adelante, dado el empeño del ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, en incumplir el acuerdo con Unidas Podemos para poner techo a las subidas abusivas del alquiler. A cambio, el ministro ha propuesto dar ayudas fiscales a los propietarios que bajen los precios, olvidando que la primera obligación de un Gobierno progresista es defender el interés general y proteger a la ciudadanía de los abusos, no complacer en exclusiva a los poderosos. Para negarse a intervenir el mercado del alquiler, Ábalos utiliza argumentos tramposos: que la vivienda es un bien de mercado, que los caseros no reformarán los pisos, que disminuiría el número de casas para alquilar. Quizá el ministro ignore que muchísimos jóvenes se ven obligados a pagar 500 euros en Madrid o Barcelona por una habitación en un piso compartido. Precisamente en un país que en muy poco tiempo casi ha duplicado el volumen de casas alquiladas. Y para ello no se ha hecho nada. Ha sido por pura necesidad (...)
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