David Roca Basadre 8/06/2023
La dependencia de un solo recurso, la no priorización del cuidado de la tierra y la no ruptura del modelo extractivista y exportador son el origen de una inestabilidad de consecuencias imprevisibles
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Las informaciones alarmantes sobre un punto muerto macroeconómico en Bolivia son reales. Luego de un par de décadas de indudable mejoría en el país andino, con cifras importantes de disminución de la pobreza, estabilidad monetaria, y crecimiento, todo parece haberse desmoronado.
El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora dice que se trata de una falsa alarma, que prosigue el crecimiento, que la inflación no es mucha, y que incluso están apostando a un nuevo yacimiento de gas que va a producir pronto, que ya viene lo del litio, y que todo es especulación. Afirma el Gobierno que hay problemas naturales postCovid-19 y derivados de la guerra de Ucrania, además de problemas internos.
La oposición se queja de estatismo, y de que la participación del Estado en las empresas y el incremento de la deuda pública, que se ha duplicado hasta alcanzar el 80% del PBI, desalientan la inversión, y pide un cambio total de modelo.
Hemos recogido ambas versiones y conversado con algunos especialistas que, sin sesgo alguno, son capaces de decir algo más que un libreto aprendido y mil veces repetido.
Primero un resumen
Desde inicios de siglo, las exportaciones de gas natural de que dispone Bolivia en gran cantidad crecieron muchísimo. La elección de Evo Morales, en 2005, coincidió con que el precio del gas casi se duplicó, lo que permitió a Bolivia acumular reservas de divisas como nunca había tenido: casi 52% del PIB. Sumado a esto, por esos tiempos las instituciones multilaterales decidieron condonar deudas a los países más pobres del mundo, y Bolivia –tras décadas de neoliberalismo (teñido de mercantilismo sin el cual esa idea no sobrevive)– era uno de esos países.
Con esos recursos, que llegaron a sumar 40 mil millones de dólares, lo que es una fortuna para un país con apenas 12 millones de habitantes y tradicionalmente de escasos recursos, el Gobierno de Evo Morales ensayó no el socialismo, sino una versión andina del keynesianismo. Ninguna ruptura con el sistema, ortodoxia pura en su versión más socialmente participante.
Evo Morales había heredado de los gobiernos de derecha anteriores un inamovible subsidio a los combustibles que significa un peso que no pudo quitarse de encima, aunque hizo el intento, lo que le costó enfrentar a las mayores movilizaciones contra su gestión, por lo que debió retroceder. Este subsidio no beneficia a las mayorías, como se podría suponer, sino a los grandes agroexportadores y finalmente a una próspera industria del contrabando tanto de comestibles, artículos varios y vehículos, autopartes, etc., como narcotráfico. Razón que justificaba su cancelación, pero esos grupos son poderosos y existe entre la ciudadanía un sentido común instalado sobre que eliminar aquel subsidio podría encarecer excesivamente bienes esenciales.
Subsidios heredados y gastos
Se mantuvo aquel subsidio que devora un porcentaje anual importante de los recursos, y se procedió a una política de distribución social vía bonos e incentivos, la generación de empresas públicas diversas, al tiempo que se nacionalizaban los yacimientos de gas y se firmaban nuevos acuerdos con las empresas petroleras, donde la compañía estatal YPFB define volúmenes, mercados y precios para la comercialización, y es quien paga las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que benefician a la población en general. Todo eso permitió 7.180 millones de dólares de los ingresos que tuvo el país, y que se hubieran perdido sin las medidas de intervención en esas actividades extractivas.
Bolivia se concentró, así, en lo que llamó el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), que consistía en la redistribución de ingresos en programas sociales, la fijación del tipo de cambio y la inversión en sectores que priorizó como generadores de ingreso y empleo. Esto debería, además, fortalecer el mercado interno.
Es así que, según fuentes oficiales, el presupuesto para salud se incrementó de 365 millones de dólares en 2005 a 3.215 millones de dólares en 2021; es decir, subió más de 10 veces y se convirtió en la mayor asignación de recursos para salud registrada en la historia de Bolivia, y la esperanza de vida ascendió de 64 a 71 años. Asimismo, Bolivia devino en el segundo país de América Latina con mayor inversión en educación con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), 8,7% según un informe elaborado por el Ministerio de Educación. La cifra de desempleo bajó de 8,1% a 4,2% durante el gobierno de Evo Morales, y el salario mínimo pasó, en pocos años, de 60 a 310 dólares. Asimismo, el gas a domicilio empezó a difundirse en las principales ciudades del territorio.
Una política de bonos, como el llamado “Bono dignidad” para los adultos mayores, y el bono contra la pobreza, figuran entre las medidas que, sin ser demasiado onerosas, garantizaban el prestigio del modelo.
Incluso se produjo lo que llamaron la “bolivianización”, que significa una confianza firme en la propia moneda, el boliviano, al punto que el 88% de los ahorros son en moneda nacional.
Pero…
Todo eso parecía perfecto, muchos especialistas alabaron el milagro económico de Bolivia, pero había un detalle que los países en tales circunstancias suelen olvidar: hay que garantizar la provisión de recursos. Y los negocios con el gas no iban tan bien como podría desearse (...)
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