Separar residuos es un deber sencillo para el ciudadano. Cada residuo –plástico, orgánico, vidrio o cartón– a un lado y, según dicen, las autoridades se encargarán del reciclado. El trabajo que los españoles realizan en sus casas, sin embargo, no lo hacen después tan bien los consistorios, responsables de la gestión de los residuos urbanos. Así lo revela un informe de la Comisión Europea en el que el Estado español no sale bien parado: el 51% de los residuos municipales del país son enterrados en vertederos y el 11% termina en incineradoras. Los ayuntamientos están muy lejos de alcanzar el sueño de una economía circular, pues tan sólo se logra reciclar el 38% de los desechos generados en las ciudades.

La publicación evalúa las opciones que tienen los países del viejo continente de cumplir con los objetivos de reciclaje marcados para 2025 por las directivas de residuos y de envases. Europa pronostica que en dos años España no podría cumplir la primera de las metas, la de alcanzar una tasa del 55% del reciclaje de todos los residuos municipales desechados, pero sí lograría cumplir con el deber de reciclar el 65% de los envases.

El tejido legislativo de España para conseguir una mejora en sus tasas de reciclaje no es el más adecuado, según otro estudio publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, organismo dependiente de la Unión Europea. Ninguna de las normativas ambientales analizadas en materia de residuos llega a catalogarse como "muy fuerte".

La publicación detalla que las políticas fiscales españolas destinadas a condicionar y disminuir la llegada de residuos a los vertederos son de nivel medio, al igual que las tasas de incineración. Por lo que se refiere a los sistemas de pago por uso –uno de ellos es el sistema de devolución y retorno de envases– están en la categoría de "muy débil". Las herramientas de recolección de residuos biológicos también aparecen en rojo como muy débiles. 

En España, según la AEMA, el nivel más bajo de impuestos se aplica a las salidas de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, mientras que los impuestos más altos son para los residuos municipales no tratados. La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, impulsada desde Transición Ecológica en 2022, establece un nuevo tipo impositivo sobre los vertederos y unifica el criterio que, hasta entonces dependía de cada legislación autonómica. Este nuevo gravamen entró en vigor en enero de 2023, por lo que todavía no se ha podido verificar si ha conseguido rebajar el volumen de desechos que acaban acumulados en vertederos.

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